La cultura como derecho en América Latina

Los instrumentos de actuación consensuales, bajo los cuales se encuentran los contratos estatales, adquieren un significado creciente como una forma destacada de cooperación en la relación entre particulares y el Estado. Las tareas administrativas no son realizadas (o no de la forma aspirada) mediante el instrumento soberano unilateral de la ley y de los medios de administración soberana accesorios de la ley. El contrato estatal es un instrumento de realización de los derechos fundamentales. Los contratos estatales fomentan, con fundamento en el consenso y la cooperación, la...

Lucía Martín Rivera es Profesora Titular de Escuela Universitaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Málaga, autora de diversas publicaciones en materia socio-laboral, y Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga desde junio del 2007. Su tesis doctoral: "El despido objetivo por necesidades de la empresa" se recoge en lo esencial en este libro, que mantiene el mismo título. Los despidos relacionados con las necesidades de la empresa, y en concreto la modalidad de despido regulada en el art. 52.c ET, constituyen una de las más importantes manifestaciones de la...

Este libro propone una herramienta tributaria para que los gobiernos de las ciudades regulen el mercado del suelo urbano y la especulación inmobiliaria. Los autores construyen y comentan un modelo de norma legal para la creación de un impuesto a lotes, fracciones y otros bienes urbanos ociosos, legislación que contribuiría a una intervención estatal más eficaz para facilitar el acceso a la tierra y la vivienda de una mayoría de la población. Conscientes del carácter contracultural de su propuesta, los autores la fundamentan con una rigurosa evaluación de argumentos jurídicos,...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...